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Durante tres horas permaneció tomada la sede del Arzobispado en Santiago por parte de un grupo de apoyo a los mapuches en huelga de hambre.
Patricia Troncoso y Héctor Llaitul llevan 79 días sin ingerir alimentos y han debido ser internados -en varias oportunidades- en el Hospital de Angol. El senador (PS) Alejandro Navarro asegura que “el Gobierno tiene en sus manos la liberación de los presos mapuches”.
Una decena de activistas de la causa indígena se tomaron, en la mañana de ayer, la sede del Arzobispado de Santiago (Erasmo Escala 1884) para solicitarle a la Iglesia que interceda en la creación de una mesa de diálogo que estudie las reivindicaciones de los presos mapuches del penal Angol y por las cuales dos de sus miembros -Patricia Troncoso y Héctor Llaitul- cumplen hoy 79 días en huelga de hambre.
Hace 12 días atrás, otros tres comuneros -José Huenchunao, Jaime Marileo y Juan Millalén- depusieron el prolongado ayuno luego que el obispo de Temuco, monseñor Camilo Vial, se comprometiera a impulsar esa instancia de diálogo sin que hasta ahora se haya concretado.
Tras permanecer más de tres horas en el recinto de la Iglesia, los manifestantes se retiraron pacíficamente luego que el secretario ejecutivo de la pastoral social, Sebastián Aguirre, aceptara recibirlos en la tarde de ayer para estudiar una posibilidad concreta de ayuda por parte de la Iglesia de Santiago.
PENAS AGRAVADAS
El vocero del Comité de Apoyo a los Presos Políticos Mapuches, Miguel Canicura, afirmó que "todos se escandalizan cuando una mujer muere golpeada, pero ahora que el Estado es parte de un femicidio nadie hace nada".
Patricia Troncoso, quien está con riesgo vital, fue procesada bajo la Ley Antiterrorista y condenada a 10 años de cárcel (lleva cinco). Mientras que Llaitul está detenido desde febrero de 2007 por porte ilegal de armas. Al respecto, Canicura señaló que "la pena por ese delito es de 61 días, ya debería haber salido. Esto demuestra que no juzgan hechos, sino que ideas"
PROYECTO DE LEY
El senador (PS) Alejandro Navarro llamó al Gobierno a asignarle suma urgencia al proyecto de ley que el propio Ejecutivo presentó en julio de 2006 y que excluye de los "delitos terroristas" aquellos que atentan contra la propiedad.
"Éste es el paso para lograr la libertad de aquellos condenados por esta ley", señaló el parlamentario y agregó que de esta manera se soluciona "uno de los puntos de mayor cuestionamiento jurídico y humanitario internacional, que es la aplicación de la Ley Antiterrorista -heredada de la dictadura- en temas de reivindicaciones indígenas, pues la aprobación de este proyecto resultaría la rebaja de penas retroactiva, de acuerdo al artículo 18 del Código Penal",
Dicho artículo señala que de promulgarse una ley que aplique una pena menos rigurosa después de ejecutoriada la sentencia, "el tribunal que hubiere pronunciado dicha sentencia deberá modificarla de oficio o a petición de parte", afirmó Navarro.
El senador recordó que la Presidenta Bachelet señaló que no utilizaría la Ley Antiterrorista cuando no existan delitos de sangre, "como es este caso", y llamó al Gobierno a "hacer un esfuerzo por que se revisen las condenas y se limpien los procedimientos de todo lo que es contrario al debido proceso".
Patricia Troncoso y Héctor Llaitul llevan 79 días sin ingerir alimentos y han debido ser internados -en varias oportunidades- en el Hospital de Angol. El senador (PS) Alejandro Navarro asegura que “el Gobierno tiene en sus manos la liberación de los presos mapuches”.
Una decena de activistas de la causa indígena se tomaron, en la mañana de ayer, la sede del Arzobispado de Santiago (Erasmo Escala 1884) para solicitarle a la Iglesia que interceda en la creación de una mesa de diálogo que estudie las reivindicaciones de los presos mapuches del penal Angol y por las cuales dos de sus miembros -Patricia Troncoso y Héctor Llaitul- cumplen hoy 79 días en huelga de hambre.
Hace 12 días atrás, otros tres comuneros -José Huenchunao, Jaime Marileo y Juan Millalén- depusieron el prolongado ayuno luego que el obispo de Temuco, monseñor Camilo Vial, se comprometiera a impulsar esa instancia de diálogo sin que hasta ahora se haya concretado.
Tras permanecer más de tres horas en el recinto de la Iglesia, los manifestantes se retiraron pacíficamente luego que el secretario ejecutivo de la pastoral social, Sebastián Aguirre, aceptara recibirlos en la tarde de ayer para estudiar una posibilidad concreta de ayuda por parte de la Iglesia de Santiago.
PENAS AGRAVADAS
El vocero del Comité de Apoyo a los Presos Políticos Mapuches, Miguel Canicura, afirmó que "todos se escandalizan cuando una mujer muere golpeada, pero ahora que el Estado es parte de un femicidio nadie hace nada".
Patricia Troncoso, quien está con riesgo vital, fue procesada bajo la Ley Antiterrorista y condenada a 10 años de cárcel (lleva cinco). Mientras que Llaitul está detenido desde febrero de 2007 por porte ilegal de armas. Al respecto, Canicura señaló que "la pena por ese delito es de 61 días, ya debería haber salido. Esto demuestra que no juzgan hechos, sino que ideas"
PROYECTO DE LEY
El senador (PS) Alejandro Navarro llamó al Gobierno a asignarle suma urgencia al proyecto de ley que el propio Ejecutivo presentó en julio de 2006 y que excluye de los "delitos terroristas" aquellos que atentan contra la propiedad.
"Éste es el paso para lograr la libertad de aquellos condenados por esta ley", señaló el parlamentario y agregó que de esta manera se soluciona "uno de los puntos de mayor cuestionamiento jurídico y humanitario internacional, que es la aplicación de la Ley Antiterrorista -heredada de la dictadura- en temas de reivindicaciones indígenas, pues la aprobación de este proyecto resultaría la rebaja de penas retroactiva, de acuerdo al artículo 18 del Código Penal",
Dicho artículo señala que de promulgarse una ley que aplique una pena menos rigurosa después de ejecutoriada la sentencia, "el tribunal que hubiere pronunciado dicha sentencia deberá modificarla de oficio o a petición de parte", afirmó Navarro.
El senador recordó que la Presidenta Bachelet señaló que no utilizaría la Ley Antiterrorista cuando no existan delitos de sangre, "como es este caso", y llamó al Gobierno a "hacer un esfuerzo por que se revisen las condenas y se limpien los procedimientos de todo lo que es contrario al debido proceso".
