2008-03-19

Juicio a Roberto Painemil y Héctor Llaitul en Imperial

martes 18 de marzo de 2008
FUENTE DE INFORMACIÓN :periodismo sanador editada por lucía sepúlveda

Nueve años de cárcel por los supuestos delitos de incendio y porte de
armas solicitó el 14 de marzo de este año en Nueva Imperial (Región de
la Araucanía) el fiscal Cristián Voullieme contra los presos políticos
mapuche Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco y
el comunero Roberto Painemil Parra. La negativa de la jueza Karina
Rubio a acoger denuncias de tortura que invalidarían los cargos, y
la citada acusación del fiscal ilustran el funcionamiento de los
tribunales chilenos en juicios de indígenas. Justamente por este tipo
de hechos se está pidiendo una visita a terreno de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, para comprobar la "manipulación y
el hostigamiento del Estado y la justicia" utilizados contra
luchadores sociales que defienden su derecho a la tierra o su facultad
de elegir su propio modelo de desarrollo. Los peticionarios fueron
José Aylwin y Adolfo Millabur, co-director del Observatorio de
Derechos de los Pueblos Indígenas y alcalde de Tirúa, respectivamente,
el pasado 10 de marzo en Washington, durante el 131º período de
sesiones de la entidad dependiente de la OEA.

La jueza de garantía Karina Rubio desestimó en la audiencia pública
la denuncia de tortura formulada ante ella por el preso político
mapuche Roberto Painemil Parra, acogiendo en cambio una declaración
que había sido suscrita por él horas después de ser detenido por un
grupo paramilitar en diciembre de 2006. También la magistrada negó la
libertad condicional para ambos encausados, que pasaron más de un año
en "prisión preventiva" sin ser llevados a juicio oral, pero fueron
sindicados en la prensa como autores del atentado incendiario contra
maquinaria de Forestal Mininco, ocurrido en el fundo Las Praderas el
25 de Diciembre de ese año. La audiencia preparatoria del juicio oral
será probablemente el 17 de Abril.

Incendio y porte de armas
El fiscal Cristián Voullieme –representando los intereses de la
poderosa Mininco y de la Intendencia de Cautín- los acusó de los
delitos de incendio y porte de armas. Sin embargo, horas antes del
citado atentado incendiario, Painemil había sido entregado a
carabineros por un grupo de civiles armados con escopetas. La
acusación contra él sólo se sustenta en una confesión obtenida bajo
tortura, en la que también Painemil inculpó a Héctor Llaitul. Pero el
procesado se negó a ratificar su confesión ante la jueza Rubio.

Por su parte, Héctor Llaitul, de profesión asistente social
(Universidad de Concepción), quien se encontraba en la clandestinidad
por la persecución judicial contra la Coordinadora Arauco Malleco,
fue capturado en Concepción el 22 de febrero de 2007 y formalizado
sobre la base de los dichos iniciales de Painemil. En el caso de
Llaitul, la acusación actual de porte de armas no se sostiene, pues en
Concepción, en el juicio oral realizado en agosto de 2007, ya fue
sentenciado por el juez Adolfo Cisternas con una multa equivalente a
55 días de prisión – ampliamente cumplidos- porque al ser detenido
portaba ilegalmente una pistola Taurus, debidamente inscrita. No se le
puede juzgar de nuevo por el mismo delito.

La acusación del fiscal Voullieme se conoció el 14 de marzo, apenas
cuatro días después que José Aylwin denunciara ante los comisionados
de la OEA que en la zona mapuche los asesinatos de jóvenes mapuche y
las denuncias de trato degradante (tortura) y violencia policial
excesiva competen a la justicia militar, por lo cual los responsables
permanecen en la impunidad.

Aylwin fue el primero en conocer en febrero de 2007 las denuncias de
Painemil, quien fue torturado por varias horas en la Comisaría de
Cholchol . Se le obligó a firmar documentos redactados por los
interrogadores, los cuales fueron entregados a la fiscal de entonces,
Vania Arancibia. Fue así como Painemil se autoinculpó del atentado
incendiario, incriminando también bajo amenazas y golpes, a Héctor
Llaitul Carrillanca, mapuche-huilliche, a quien no conocía.

Un año detenido sin defensa
Painemil estuvo preso todo el año 2007 en la cárcel de Lautaro. En
diciembre pasado debía haberse realizado la primera audiencia pública.
Fue suspendida porque Jaime López, el defensor tardíamente asignado
por el tribunal, no se presentó. Nuevamente se suspendió la audiencia
"por exceso de trabajo" el lunes 7 de enero de este año, en medio de
la conmoción provocada por el asesinato de Matías Catrileo (ocurrido
el 3 de enero) y cuando toda la comunidad Yeupeko Filcún (Vilcún) y
los grupos de apoyo de los presos políticos se alistaban para hacerse
presentes en Nueva Imperial. En la tercera fecha fijada, el 11 de
enero, la audiencia tampoco se realizó, porque no había traductor, y
Painemil declara en mapudungun.


El abogado López no visitó oportunamente a Painemil ni pidió su
libertad en todo ese período. Finalmente este inculpado logra
comparecer el 18 de febrero de 2008 ante la jueza Rubio, y ratifica en
la audiencia pública lo que ha declarado a organismos de derechos
humanos, sobre haber sido sometido a tortura en el retén policial. No
hubo prensa en la audiencia, y sólo se autorizó el ingreso de
familiares de los inculpados. Pamela Pessoa, esposa de Hëctor Llaitul
y madre de sus tres hijos, escuchó a Painemil declarar ante la jueza
que él fue golpeado en múltiples ocasiones en el estómago y el
corazón, que le torcieron los brazos, y que jamás se le leyeron sus
derechos ni se le presentó abogado defensor alguno.
Señaló asimismo Painemil ante la magistrada, que había sido obligado a
acusar a "el Negro", supuesto apodo de Héctor Llaitul. Al responder
las preguntas del abogado Ricardo Cáceres, defensor público de
Llaitul, Painemil negó haber conocido previamente al dirigente
mapuche.

En la audiencia siguiente, el 4 de marzo, ambos abogados pidieron el
cierre de la investigación y la libertad de sus defendidos, pero la
jueza sólo aceptó lo primero, de manera que la Fiscalía presentó el 14
de marzo la acusación.

Para poder seguir el juicio, Pamela Pessoa debe trasladarse a Imperial
ya que vive en Ranquilhue (Tirúa), sector lago Lleu/ Lleu, uno de los
epicentros del conflicto chileno-mapuche. Ella solidarizó activamente
con la huelga de hambre de Patricia Troncoso Robles y otros presos
políticos mapuche, entre los cuales estaba su propio marido. Héctor
Llaitul permaneció 81 días sin ingerir alimentos, en apoyo a las
demandas de libertad de todos los presos políticos y el cese de la
represión a las comunidades.

Civiles armados y carabineros
En la declaración difundida en octubre pasado por el Comité de apoyo a
los Presos Políticos Leftraru, Painemil denunciaba que su detención
fue practicada por un grupo civil. Según informó la prensa local en su
momento (Diario Austral, 26 de diciembre de 2006), se trata de una
"Junta de Vigilancia" organizada por el mayor de carabineros de la
Cuarta Comisaría de Nueva Imperial, Jorge Aguirre. Painemil estaba en
su camioneta cuando, según afirma, fue rodeado "por un grupo de
civiles que me decían andas robando, eres un ladrón; revisaron mi
camioneta y dijeron 'aquí hay armas'. Yo nunca anduve con armas y ahí
me tenían, ellos andaban todos armados con escopeta, rozón y palos. Y
por fin llamaron a carabineros…que me iban a buscar otra vez y me
llevaban a otro rincón del patio, me torcían los brazos y me decían
que cooperara con la justicia. Luego me volvían a meter en el
calabozo, me sacaban fotos, me filmaban, después me sacaron otra vez y
me encerraron en el baño que estaba cerca del calabozo, ahí quedé con
uno solo que me empezó a palmetear en la cara. Eran como 6 o 10
personas que me tenían castigándome, venían unos después de otro y así
me encerraron como tres veces en el baño, era un baño chico y una vez
trajeron como una maquinita, no sé bien lo que era, pero tenía unos
cables y me la mostraban y me dijeron ¿usted sabe lo que es esto? Yo
tenía mucho miedo, tiritaba, me decían que hablara o me iban a fundir
en la cárcel y mi familia la iba a pasar muy mal. Ellos corren
peligro, me decía uno. Yo vivo con mi mamá y papá, ellos son personas
mayores, mi mamá está enferma, me decían que iban saliendo a mi casa y
que iban a amarrar a mi mamá, la iban a esposar y a mi papá igual."
A más de un año de ocurridos estos hechos, otro grupo paramilitar
entra en escena, ahora en la comuna de Ercilla.
Paramilitares incendiarios
En la mañana del 3 de marzo pasado, según denunciaron representantes
de la asediada comunidad mapuche de Temucuicui, comuna de Ercilla, un
atentado incendiario afectó 45 hectáreas de bosque nativo y pino
insigne y la casa de un comunero. Aseguran que el incendio fue
provocado por un grupo de particulares armados que ingresaron a la
comunidad junto a efectivos de Investigaciones y se retiraron
precipitadamente cuando se declaró el fuego. CONAF se negó a acudir a
apagar el incendio. Los grandes medios no informaron del hecho.
Sostienen en su declaración los comuneros: "Queda claramente
demostrado que muchos de los incendios y quemas de propiedades
privadas y predios forestales de las que se nos acusan son
intencionales (realizadas por agentes del estado o los mismos
propietarios), provocando y justificando la persecución de dirigentes
y comuneros que nada tienen que ver con estos hechos, pero sí con
apoyar la justa lucha reivindicativa que lleva adelante nuestro
Pueblo-Nación Mapuche."

El caso de Temucuicui también fue denunciado ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, como una evidencia del
hostigamiento y la violencia policial de que son objeto mujeres,
niños, ancianos y luchadores sociales mapuche, en allanamientos en los
que la policía utiliza helicópteros y armas de guerra, en ocasiones
para acusar de abigeato a los comuneros. El propietario del fundo
Montenegro, René Urban Pagnard, colindante con la comunidad Temucuicui
cuenta con permanente protección policial que incluye un helicóptero,
fuerzas especiales y vehículos policiales. Urban ha logrado que los
miembros de la familia Huenchullán Cayul, sus vecinos más próximos,
sean objeto de permanentes detenciones y amedrentamientos, cuando
circulan por el camino público que separa ambos predios. A esto se
agrega ahora la presencia de grupos paramilitares que pueden generar
situaciones de grave riesgo para los habitantes de Temucuicui, como ya
se vio en el incendio reciente.

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