NUEVO CASO DE VIOLENCIA POLICIAL Y DE APLICACIÓN DE LEY ANTITERRORISTA EN CONTRA DE LOS MAPUCHE

miercoles 15 de abril del 2009
fuente: http://www.observatorio.cl/observatorio/
En operativos policiales verificados en los últimos días, que contaron con la participación de más de un centenar de efectivos de la Policía de Investigaciones, fueron detenidos en la provincia de Arauco 12 activistas mapuche supuestamente vinculados a la Coordinadora Arauco Malleco y al atentado que el pasado 16 de octubre de 2008 sufriera el fiscal Mario Elgueta en la zona del Lago Lleu Lleu.

Aunque el atentado al Fiscal Elgueta es un hecho de violencia lamentable que debe ser condenado categóricamente, que debe ser investigado por la justicia y cuyos responsables, quienes quiera que sean, deben ser sancionados, hay varios hechos que desde la perspectiva de los derechos humanos resultan objetables, y que por lo mismo, nos hacemos un deber señalarlos aquí.

1.- De acuerdo a la información del Defensor Público de las personas mapuche detenidas, Egon Matus, el actuar policial en el procedimiento de detención fue irregular, tratándose a los detenidos en forma grosera y violenta. Dichas afirmaciones fueron corroboradas por integrantes de la comunidad Venancio Ñeguey, en que se verificaron algunas de las detenciones, quienes denunciaron al Observatorio Ciudadano que en las casas allanadas sus moradores fueron violentados física y sicológicamente, sin que se exhibieran documentos, sin que se respetara la presencia de niños y ancianos, ello a pesar de que no hubo resistencia de parte de los detenidos.

No se trata, como sabemos, de hechos nuevos, sino de un patrón del actuar policial en comunidades mapuche que ha sido constatado en los últimos años por el Observatorio Ciudadano y otras entidades de derechos humanos, que ha sido representado al Gobierno y a las instituciones policiales, y que lamentablemente se mantiene en el tiempo con consecuencias graves para los derechos humanos y la convivencia interétnica en el sur del país.

2.- El Ministerio Público y el Gobierno han solicitado la aplicación de la ley Antiterrorista en contra de los detenidos mapuche. No dudamos de la necesidad de que el atentado al fiscal Elgueta sea investigado y sancionado como ya señaláramos. Sin embargo, consideramos que ello debe hacerse de acuerdo a la legislación penal común y no de acuerdo a la ley antiterrorista. Como hemos señalado reiteradamente, al igual que otras instancias de derechos humanos, se trata de una legislación que no garantiza el derecho al debido proceso de los imputados, y que se aplica discriminatoriamente en contra de personas mapuche vinculadas a los conflictos territoriales. Al respecto cabe recordar que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó el 2007 su preocupación ante la definición de terrorismo comprendida en la Ley Antiterrorista 18.314, la que según este organismo "podría resultar demasiado amplia", y que por lo mismo "ha permitido que miembros de la comunidad (mapuche) hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social". Dicho Comité agregó además que las garantías procesales se ven limitadas por la aplicación de esta ley y que la misma se presta para arbitrariedades y discriminaciones, ya que en el caso de Chile solo se ha aplicado para la persecución penal de los mapuche.

Es pertinente recordar también que la Presidenta Bachelet había manifestado a comienzos de su mandato que no aplicaría esta ley para hechos vinculados a la protesta social indígena. Lamentablemente la Presidenta ha incumplido dicho compromiso, toda vez que la aplicación de esta legislación en contra de personas mapuche por hechos vinculados a los conflictos territoriales ha vuelto a ser solicitada no solo por el Ministerio Público, sino también por el Ministerio del Interior, en una veintena de ocasiones desde octubre pasado a la fecha.

3.- Refiriéndose a los detenidos El Ministro del Interior (s), Patricio Rosende, ha señalado a la prensa: "Son quienes se han dedicado en el último tiempo a realizar una serie de hechos de violencia en la Araucanía, tratando de confundir e involucrar al pueblo mapuche en hechos que los alejan de la solución de sus problemas". Se trata de afirmaciones graves, dado que se realizan en forma previa a que éstos sean juzgados por las instancias pertinentes, y por ello, vulneran la presunción de inocencia y los principios del debido proceso reconocidos por la legislación nacional. Por lo mismo, no propios de una autoridad de su investidura.


4.- El Ministro del Interior (s) Patricio Rosende ha señalado además que “estas acciones de la fiscalía y de la policía demuestran que no hay impunidad”. No cabe duda que hechos como el atentado que sufriera el fiscal Elgueta no deben quedar en la impunidad, así como tampoco puede haber impunidad frente a los numerosos delitos cometidos en los últimos años por agentes policiales del Estado en contra de los mapuche en el marco de los conflictos territoriales.

Tales delitos, como no puede escapar al conocimiento del Ministro(s) han incluido el homicidio de dos personas mapuche, decenas de casos de torturas , tratos crueles, inhumanos y degradantes violatorios de la convención internacional sobre la materia suscrita por Chile, todos los cuales han sido vistos por la justicia militar y han quedado en la impunidad.

Llama la atención el doble estándar del Ministro (s) y del gobierno en la materia, dado que nada señalan en relación a esta otra impunidad, que afecta a los mapuche en su dignidad y derechos, que resulta discriminatoria, y que, a la postre, también se constituye en una forma de violencia que afecta las relaciones interétnicas en esta parte del país.

Frente a estos hechos, nos parece relevante instar en forma urgente a las autoridades del Estado a tener presente lo señalado sobre estas materias la semana pasada por el Relator Especial de la ONU sobre derechos indígenas, James Anaya, luego de una visita de varios días y de entrevistarse con pueblos indígenas, entidades de sociedad civil y gobierno:

“…El Relator Especial expresó su preocupación por “las continuas alegaciones sobre maltratos sufridos por individuos mapuche en el contexto de allanamientos y otras operaciones policiales”. Por otra parte, el Relator Especial reprueba el uso de la violencia como medio de protesta, inclusive en aquellos hechos relacionados con las reivindicaciones legítimas de los pueblos y comunidades indígenas, y al mismo tiempo exhorta al Estado a responder de manera efectiva a estas reivindicaciones. El Relator Especial reconoce el compromiso inicial del Gobierno de no aplicar la ley antiterrorista para procesar a individuos en casos vinculados con movimientos sociales mapuche, y hace un llamado a las autoridades competentes para que cumplan con dicho compromiso.”



OBSERVATORIO CIUDADANO



Temuco, Santiago, 15 de abril de 2009.