2009-02-24

Caso Tapia Huenulef, cuestionada ley antiterrorista

Martes 24 de febrero de 2009
FUENTE :
RADIO TERRA
En entrevista con Radio Tierra el abogado del Observatorio de Derechos
Ciudadanos, Rodolfo Valdivia, señaló las implicancias del retorno de la
aplicación de la legislación antiterrorista en el conflicto
chileno-mapuche, luego de la formalización del activista Miguel Tapia
Huenulef por ese delito a petición del ministro Edmundo Pérez Yoma a la
justicia.

La policía buscaba a Miguel Tapia Huenulef por su supuesta vinculación
en un atentado incendiario cometido en enero en la propiedad rural de
San Leandro, más de 600 kilómetros al sur de Santiago, que es parte del
territorio reivindicado por el pueblo indígena mapuche, y por su
presunta responsabilidad en un ataque al edificio de la Defensoría Penal
Pública en diciembre de 2008.

Según la policía, en el domicilio se encontraron armas, como una
subametralladora nueve milímetros con dos cargadores, y elementos para
la fabricación de explosivos, además de plantas de marihuana.

La familia Tapia Huenulef y organizaciones mapuches sostienen que se
trata de una persecución y un montaje para incriminarlo sólo por ser
indígena.

LEY ANTITERRORISTA

El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, declaró a la prensa que en
este caso se configuraban los antecedentes de una organización
terrorista, "…por consiguiente vamos a aplicar todas las medidas
correspondientes, inclusive, vamos a invocar la aplicación de la ley
antiterrorista".

Una semana después, la familia Tapia Huenulef todavía no había visto a
Miguel, incomunicado y trasladado a la Región de la Araucanía, casi 700
kilómetros al sur de Santiago, según les informaron las autoridades.
Tampoco sabían que las afirmaciones del ministro del Interior se habían
concretado en una acusación formal.

La Subsecretaría del Interior y el gobierno regional de la Araucanía
confirmaron a IPS que fue presentada ante la justicia una querella
criminal por la ley antiterrorista, firmada por el subsecretario
Patricio Rosende. Pero se negaron a dar declaraciones.

Ésta es la primera vez que el gobierno de la socialista Michelle
Bachelet utiliza contra un mapuche esta norma, heredada de la dictadura
de Augusto Pinochet (1973-1990). La ley, decretada por el régimen
militar para perseguir opositores políticos, otorga mayores atribuciones
a las policías y a la justicia.

"En campaña electoral (Bachelet) prometió que no se iba a aplicar la ley
antiterrorista en causas en que estuvieran involucrados miembros del
pueblo mapuche", recordó Rodolfo Valdivia, codirector del Observatorio
de Derechos de los Pueblos Indígenas.

No se configura una acción de terrorismo en la lucha del pueblo mapuche
por sus reivindicaciones, dijo Valdivia a IPS. "No hay en los hechos una
organización que tenga por finalidad generar cierta sensación de temor
en la población, no hay una organización que vaya a llevar a cabo esos
delitos, que señala la ley como delitos terroristas", aseveró.

Según la Encuesta de Caracterización Económica, 1.060.786 personas, 6,6
por ciento de los habitantes de Chile, se identificaban en 2006 como
indígenas. El 19 por ciento de ellas son pobres o indigentes. Los
mapuches representan 87 por ciento de la población aborigen de este país
sudamericano.

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